Hallan muertos a dos líderes indígenas defensores de los derechos humanos
Fueron encontrados en bolsas y semi enterrados, con huellas de torturas
EFE | México 24/02/2009
Dos indígenas activistas de los Derechos Humanos en el sureño estado mexicano de Guerrero fueron encontrados muertos este fin de semana, después de ser secuestrados hace diez días, informó hoy una fuente oficial.
Los cuerpos sin vida de Raúl Lucas Lucía, de 39 años, y Manuel Ponce Rosas, 32 años, miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron encontrados el pasado sábado en el poblado Las Cazuelas, municipio de Tecuanapa a 100 kilómetros de Chilpancingo, capital de Guerrero, indicó la Secretaria de Seguridad Pública en un comunicado.
Los dos activistas indígenas mixtecos fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el pasado 13 de febrero en el municipio de Ayutla de los Libres, cuando se encontraban en un acto oficial de ese Ayuntamiento.
Guadalupe Castro, esposa de Raúl Lucas y regidora de Ayutla, dijo que su esposo fue raptado por cuatro personas con corte militar, en un acto en el que estaba el secretario de Seguridad Pública de Ayutla, Luis José Sánchez Hernández.
“El secretario de Seguridad (Sánchez Hernández) recibió una llamada el día del evento en que se encontraba mi marido y Manuel Ponce”, minutos después el funcionario se retiró y al lugar llegaron hombres armados “y detuvo a mi marido junto con Manuel, la gente observó, pero no hizo nada”, dijo Guadalupe.
Varios organismos de derechos humanos del estado de Guerrero y Amnistía Internacional pidieron la devolución de ambos activistas. Sus fueron encontrados en bolsas y semi enterrados este sábado y el domingo fueron identificados por sus familiares. Ambos presentaban huellas de torturas y, al parecer, fueron asesinados el 16 pasado días 16.
Raúl Lucas presentaba dos balazos en la cabeza y Manuel murió de golpes contusos en la cabeza y tórax, según el informe de la necropsia.
Sospechas de ‘crimen de Estado’
Los fallecidos defendían de los derechos humanos en sus comunidades, además de que fueron sobrevivientes de la matanza de “El Charco” (Ayutla), cuando en 1998 soldados se enfrentaron a presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) matando a 12 de ellos.
Esta mañana, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, en rueda de prensa rechazó que el asesinato de los dos activistas sea un “crimen de Estado” como afirma el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado.
Aurora Muñoz, secretaria del derechos humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) en Guerrero, señaló que el crimen fue para “acallar la voz de los defensores de los derechos humanos” indígenas.
En tanto, el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, informó de que este lunes inicia una visita a México una comitiva para conocer entre otros asuntos, este caso.
Según el CEJIL, los activistas apoyaban a 32 comunidades de Guerrero “documentando y denunciando pública y legalmente los atropellos de militares en los pueblos”.
Fuente: El Mundo
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Escrito por admin
en feb 24 2009 Archivado bajo Prensa 2009.
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